KAMENETZKY La vicepresidenta de la Corte Suprema celebró la realización del juicio

Highton de Nolasco recalcó que los represores deben ir a cárcel común

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, recibió con beneplácito la realización en Santiago del primer juicio por delitos de lesa humanidad por el crimen del estudiante Cecilio Kamenetzky Bulgarelli, a manos del aparato represivo local durante la dictadura. Además, recalcó que “no hay que dar una cárcel especial” a los responsables de estos crímenes, sino que tienen que recibir el mismo trato que cualquier condenado o procesado con prisión preventiva.
Así respondió a una consulta puntual de EL LIBERAL, durante su visita a Santiago del Estero para inaugurar la Oficina de Protección a la Víctima de Violencia Familiar y de la Mujer y ofrecer una disertación en Tribunales. Ante otra pregunta de EL LIBERAL, abordó la polémica por el pase de facturas entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial sobre la responsabilidad por la inseguridad en el país, y señaló que la función de los jueces es “juzgar los delitos” y no hacer “prevención”.
“Es bienvenido que en Santiago se esté llevando a cabo el primer juicio, han pasado 6 años desde la declaración de inconstitucionalidad de estas leyes (de obediencia debida y punto final) en 2004, y de los hechos han pasado más de 30 años. Es hora de que esto ocurra en todas las provincias y está muy bien que así suceda”, manifestó sobre el juicio Kamenetzky que comenzará el 14 de septiembre en el Juzgado Federal local.
En cuanto a la situación de reclusión de los culpables de crímenes de esta naturaleza, manifestó que “eso depende de cada juez”, pero enfatizó que “en principio no hay por qué dar una cárcel especial”.
“Esto depende de cada juez, de edades o circunstancias de enfermedad”, explicó la funcionaria sobre la situación de reclusión de los represores. Sin embargo, reiteró que deben ser tratados “como cualquier otro procesado y condenado”.
El 14 de septiembre comenzarán las audiencias por el secuestro, torturas y asesinato de Cecilio Kamenetzky Bulgarelli. Por este hecho ocurrido en noviembre de 1976 y ejecutado por el grupo represivo local serán juzgados Musa Azar Curi (jefe de la desaparecida División Informaciones Policiales y procesado en más de 100 casos por delitos de lesa humanidad), y los ex policías Tomás Garbi y Ramiro López Veloso. También están imputados por este crimen Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi. Las audiencias de los dos primeros fueron suspendidas debido a que serán juzgados al menos hasta fin de año por el Tribunal Federal Nº 1 de Córdoba, en tanto que se realizará una pericia médica a Bussi para saber si está en condiciones de afrontar el proceso.
Inseguridad
Otro tema al que se refirió la alta funcionaria judicial fue la polémica entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial por la inseguridad y la responsabilidad que cabe a cada estamento institucional. “No se puede echar toda la culpa a los jueces”, remarcó.
“Esto es algo que se retroalimenta, porque las cárceles dependen del Ejecutivo, la presunción de inocencia surge de la Constitución Nacional y de todos los derechos humanos, desde siempre, previo a todas las convenciones; y el tema de la normativa que permite liberar o que además hace que no todo el mundo esté adentro porque está acusado depende del Poder Legislativo”, expuso.
“Ciertamente que el Poder Judicial tendrá que evaluar los casos para hacer lo que corresponda, según el caso”, señaló Highton de Nolasco, quien consideró que “tampoco se puede hacer un diagnóstico absoluto de que una persona que cometió un crimen o que es acusada ya tenga que estar en la cárcel, porque ése es un error y atenta contra todos los derechos humanos”.
Al señalársele si con mayor presupuesto para la Justicia se podrían bajar los niveles de inseguridad, recalcó: “Los jueces juzgan los delitos cometidos, la prevención no es para los jueces. Nosotros de alguna manera cuando damos una solución alternativa para resolver conflictos lo más rápido posible, sin años de tribunales, para que no haya una escalada de conflicto, abriendo oficinas de violencia doméstica, en cierta manera contribuimos a la prevención, pero la función tradicional del juez es juzgar los delitos cometidos”.
Finalmente, dijo que no estaba en condiciones de afirmar si hay o menos inseguridad en la Argentina. “Esto depende de cuánto sale en los diarios”, declaró, pero reconoció que mientras “se van buscando soluciones la delincuencia tiene más medios y recursos”, y culpó a la droga como la causante de “crímenes más violentos”